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La fiebre informática que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea conlleva un grave riesgo para algunos de los derechos fundamentales más importantes del hombre. La evolución constante e imparable de las nuevas tecnologías, su prácticamente ilimitado potencial para el tratamiento de la información y, en particular, de los datos personales, supone, en este sentido, una amenaza cierta que pone en serios aprietos la capacidad de los ciudadanos de controlar toda aquella información personal que se refiera a ellos o les afecte. No en vano, la denominada “sociedad de la información” está marcada por una constante renovación como consecuencia de la auténtica revolución tecnológica experimentada al respecto desde la segunda mitad del siglo XX.

El derecho al olvido en el derecho público europeo
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El derecho al olvido en el derecho público europeo

El derecho al olvido en el Derecho Público europeo

Conferencia de la Dra. Anabelén Casares Marcos. Profesora Titular de Derecho Administrativo Universidad de León en 17 de enero de 2017 en el marco del Diplomado de gestión pública en un mundo global

La fiebre informática que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea conlleva un grave riesgo para algunos de los derechos fundamentales más importantes del hombre. La evolución constante e imparable de las nuevas tecnologías, su prácticamente ilimitado potencial para el tratamiento de la información y, en particular, de los datos personales, supone, en este sentido, una amenaza cierta que pone en serios aprietos la capacidad de los ciudadanos de controlar toda aquella información personal que se refiera a ellos o les afecte. No en vano, la denominada “sociedad de la información” está marcada por una constante renovación como consecuencia de la auténtica revolución tecnológica experimentada al respecto desde la segunda mitad del siglo XX.

La protección jurídica de los datos personales se ha revelado así como una cuestión fundamental ante el espectacular desarrollo actual de las nuevas tecnologías informáticas, hasta llegar a erigirse en uno de los temas más significativos y, por ende, polémicos relacionados con la articulación y el funcionamiento concreto de los instrumentos de tutela de los derechos y libertades ciudadanas habilitados por nuestro ordenamiento jurídico. Más aún si se considera que a las dificultades planteadas por este continuo avance tecnológico, se une, por otra parte, la futilidad de buena parte de las soluciones que pudieran articularse de forma autónoma y sin conexión a otros ordenamientos jurídicos comparados o a otras respuestas ensayadas con éxito en el ámbito internacional, por cuanto no cabe duda alguna que la globalidad de los ataques experimentados, en este sentido, por los ciudadanos no saben de fronteras. Son, en cualquier caso, agresiones explicables, esperables, incluso, hasta cierto punto, en el contexto socioeconómico actualmente vigente, en el que la información se erige, claramente, y de forma cada vez más global, en instrumento de poder, en valor de cambio, desatando un voluminoso y difícilmente controlable tráfico de información.

El riesgo informático se ha convertido así, sin duda, en un elemento de conflictividad en la sociedad contemporánea, exigiendo una atenta y profunda reflexión jurídica para la búsqueda de soluciones normativas adecuadas que no sólo sancionen los incumplimientos en la materia, sino que sean realmente efectivas en la prevención de la vulneración de derechos esenciales de los ciudadanos. No es de extrañar, por tanto, la atención dispensada a la materia por la Unión Europea, cuya regulación de la materia ha permitido asegurar un mínimo estándar de protección de los datos personales común a todos los países miembros.

En este contexto el debate en torno al derecho al olvido brota a partir del denominado “efecto eterno” de la información en internet, fruto de la “memoria total” de la red. Si antaño los viejos maestros del periodismo afirmaban que el papel del periódico de hoy envuelve el pescado de mañana, actualmente el derecho a la intimidad en su vertiente de derecho a ser dejado en paz ha evolucionado hacia un nuevo derecho al olvido. Y así, las diferentes instancias de protección de derechos se han enfrentado en los últimos tiempos a solicitudes de personas que exigen que sus datos sean retirados de páginas web, de directorios, de hemerotecas o de listas de resultados de buscadores de Internet.

Las respuestas no son sencillas. Tribunales e instancias administrativas de protección de datos tienen dificultades para aplicar una normativa relativamente joven y ya desfasada a problemáticas de nueva planta, surgidas en el marco de herramientas tecnológicas que evolucionan con gran rapidez. El nuevo derecho al olvido digital, de creación eminentemente jurisprudencial, podría definirse en la Unión Europea como el derecho que tienen las personas físicas cuyos datos han accedido a los buscadores de páginas web en internet, a que tales datos desaparezcan de los buscadores de tal modo que ya no resulte viable seguir encontrando informaciones antiguas y/o desactualizadas que tras un período de tiempo de existencia en la red, se entiende justificado que el sujeto afectado solicite su desaparición. Caso paradigmático de esta nueva reivindicación por borrar un contenido legal pero ya carente de actualidad e interés es del señor Costeja, considerado auténtico leading case en materia de derecho al olvido y resuelto por la pionera Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014.

Sería así una variante de los derechos más tradicionales de acceso, rectificación, cancelación y oposición, si bien son muchas las cuestiones difíciles planteadas al respecto. Y así, en el debate sobre el derecho al olvido surgido a raíz de la ponencia se procuró contestar, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Cómo se debe configurar el derecho a la protección de datos en Internet? ¿Es posible conjugar los derechos comunicativos con la intimidad de las personas? ¿Qué responsabilidad cabe imputar a los diferentes prestadores de servicios en la Red? ¿Deben los buscadores de Internet responder de los contenidos que analizan, indexan y ofrecen? ¿Puede borrarse el pasado de una persona de Internet? ¿Debe hacerse? ¿A qué precio? ¿Al de restringir la libertad de expresión en Internet, o el derecho a la información de sus usuarios? ¿No se abriría de este modo la puerta a un control de contenidos en la Red, rayano en la censura? ¿Qué capacidad de decisión debemos reconocer a los buscadores de Internet sobre los contenidos que indexan? ¿Deberían actuar ciegamente o, por el contrario, incorporar criterios de oportunidad en su indexación, retirando de sus listas de resultados aquellos especialmente ofensivos? ¿Quién está legitimado para solicitarles dicha retirada? Todos estos interrogantes, que pueden multiplicarse indefinidamente, se resumen esencialmente en cuatro: ¿Existe el derecho al olvido? ¿Quién puede exigirlo? ¿Respecto de qué contenidos? Y, finalmente, ¿frente a quién?

En todo caso, cabe cuestionar el mantenimiento de la propia expresión “derecho al olvido”. En primer lugar, porque garantizar verdaderamente el olvido es una tarea imposible. Y en segundo, porque la referida denominación ha sido y es utilizada para describir pretensiones diferentes y casi siempre más amplias que las que han sido realmente reconocidas en vía jurisprudencial, pudiendo suscitar una gran confusión al respecto. En este contexto, parece aconsejable emplear una denominación diferente y específica para aquel derecho que consiste, en realidad, en la capacidad de exigir la eliminación de uno o varios de los resultados de la lista ofrecida por un motor de búsqueda a partir del nombre de una persona, cuando tal sujeto desea que no sea mostrado y siempre que no haya un interés público prevalente en que ese resultado se mantenga fácilmente accesible a los internautas. Y así, pese a la consolidación normativa y jurisprudencial de aquella, cabe apreciar esfuerzos doctrinales por renombrar esta variante concreta del derecho a la supresión, destacando, entre otras, la propuesta de “derecho a la oscuridad digital”, que pone el énfasis, en cambio, en los efectos prácticos que conlleva el que ha llegado a ser conocido como derecho al olvido.

 

 

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